Retos éticos en Salud Mental: la Maternidad Subrogada
La postmodernidad ha pluralizado los modelos de familia y también la manera de acceder a la maternidad, que ya no está determinada únicamente por la biología.
Los avances biotecnológicos han introducido una nueva realidad: la maternidad subrogada. En esta práctica una mujer se compromete gestar un niño y entregarlo en su nacimiento a una pareja, frecuentemente a cambio de dinero.
Esta situación ha provocado un debate candente en las comisiones de deontología médica sobre los límites éticos de la práctica médica. Existen argumentos sólidos para postularse en contra de esta práctica desde una perspectiva biomédica, ética, jurídica, antropológica y psicológica.
La gestación es una etapa única en la que madre e hijo establecen un rico diálogo bioquímico y afectivo: el vínculo del apego. También se produce el microquimerismo maternal, en el cual células del feto pasan a la madre a través de la placenta, perdurando incluso toda la vida.
Se vulnera el derecho a la identidad del sujeto recogido la Convención sobre los Derechos del Niño (1989): “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Se vulnera la dignidad de la madre gestacional al utilizar a la mujer como objeto de uso de la biotecnología utilizando su cuerpo como simple organismo de procreación desde una perspectiva utilitarista, esto es, el uso del cuerpo como mercancía. Por todo ello, se vulneran y lesionan los derechos del niño y de la madre gestante como sujetos de pleno derecho.
Desde el punto de vista psicológico no se valora de manera suficiente el efecto psíquico que puede tener todo este proceso en los sujetos participantes. Así, se sabe que la prevalencia del trastorno mental durante el puerperio es de hasta 150 casos de depresión postparto por cada mil habitantes, llegando a producir incluso psicosis en hasta 2’6 casos.
El objetivo del presente trabajo es plantear la necesidad de formar comisiones evaluadoras que establezcan las condiciones en las que los candidatos puedan acceder a este tratamiento.
Asímismo, se trata de cuestionar si los especialistas en psiquiatría y psicología clínica deben formar parte de dichas comisiones evaluadoras para valorar el estado psíquico de la personas que acceden a este proceso.